La Liga F Moeve afronta un pulso de despachos que puede marcar el futuro inmediato de las condiciones laborales de las futbolistas. Todo arranca con la denuncia del convenio colectivo por parte de AFE (27 de marzo), un movimiento para abrir la puerta a un nuevo texto con mejoras… y que, dos semanas después, ha derivado en una bronca de fondo: quién tiene legitimidad para sentarse a negociar.
Por un lado, AFE defiende que debe abrirse un proceso electoral entre las jugadoras para elegir la representación sindical que negocie el próximo convenio, apoyándose en la Disposición Adicional 17ª de la Ley del Deporte, que exige que esa legitimación sindical esté designada mayoritariamente por votación personal, libre, directa y secreta. La propuesta incluye incluso un calendario para organizar mesas electorales y votaciones antes de que termine la temporada, con el argumento de evitar retrasos y “perjuicios” para las futbolistas.
En el otro lado están FUTPRO, Futbolistas ON y CCOO, que se oponen a convocar elecciones ahora y sostienen que sigue vigente la mesa sindical constituida en 2022, por lo que no ven motivo para “reiniciar” el proceso. Su lectura es práctica: abrir comicios en plena competición generaría incertidumbre, ruido y una carga extra para las plantillas, además de retrasar una negociación que, precisamente, debería arrancar cuanto antes para mejorar condiciones.
¿Y por qué importa tanto? Porque no es un debate menor: es la llave de entrada al “banco social” que pacta salarios mínimos, descansos, maternidad, protección médica, garantías en caso de impagos o criterios de calendario. Si el conflicto escala (y hay voces que ya hablan de vía legal), el riesgo es que el nuevo convenio llegue tarde o llegue con una mesa discutida. En un momento en el que la liga presume de profesionalización, este choque deja una pregunta incómoda sobre la mesa: cómo se construye representación sin frenar el avance.
